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Turistas de andar por casa

Airbnb, el portal de internet líder en alquileres vacacionales por días o semanas, triplicó su volumen de reservas en la capital en el último año

Una mujer recorre el centro de Madrid con su maleta.
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Raúl, de 27 años, trabaja en una ONG a caballo entre Valencia y otras capitales. Viaja con frecuencia a Madrid pero no pisa ni hoteles, ni hostales, ni albergues ni casas de amigos. No, al menos, desde que se enteró de una nueva forma de alojamiento que arrasa en las grandes capitales. Rastreó la web en busca de alguna oferta que cuadrara con sus planes. Llegó hasta dondedormir.org y encontró el anuncio de Pablo (nombre ficticio), un desempleado de 36 años que alquilaba su casa para alojar turistas por 45 euros la noche. Ahora cada vez que Raúl viaja a Madrid repite alojamiento. “Es como estar en mi casa, pero en otra ciudad”.

Lo que Pablo empezó haciendo puntualmente se ha convertido en algo habitual y muchas veces incluso pasa parte de su tiempo libre con los huéspedes. “Es un servicio que nunca te podría dar un hotel”, argumenta. Les enseña la ciudad, sale con ellos, les presenta a amigos y, en definitiva, hace más agradable su estancia. La mayoría son norteamericanos y viajan en pareja. Sin ir más lejos, hoy ha quedado con cuatro canadienses para tomar algo.

El de Raúl, un caso que habría sido catalogado como extraño años atrás es, en 2013, una auténtica tendencia al alza. Hasta 2008, los pisos solo se alquilaban para estancias de meses o años pero la irrupción de los motores de reserva (como Booking.com o Airbnb.com) introdujo un nuevo modelo, más flexible, al que ya se han sumado 4.000 propietarios madrileños: alquilar un piso entero o por habitaciones para estancias de días o semanas. El año pasado, 31 millones de turistas pernoctaron en alojamientos no reglados en Madrid —casas de amigos o pisos alquilados—, según el anuario de La Caixa. En otras palabras: nada menos que el 58% de nuestros visitantes evitaron alojarse en hoteles y hostales.

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Raúl y el resto de huéspedes de Pablo “nunca” han tenido problemas con los vecinos, pero esta no parece ser la tónica general. Roque Rodrigo, residente en el barrio de Chamartín, relata las “tensas” relaciones entre los vecinos y los turistas que se hospedan en un dúplex de su bloque atraídos por el anuncio en el que su propietaria relata las bondades de la casa “de lujo” en varias páginas: “Habitaciones elegantes con aire acondicionado y conexión wifi gratuita, luminosas, con vistas a la ciudad”. Todo esto, por menos de 60 euros por noche.

Los datos que aporta la página líder mundial en el mercado, Airbnb.com, son aplastantes. Sus reservas en Madrid se han triplicado en el último año y ya es una de las ciudades europeas con mayor crecimiento. Por cada reserva, Airbnb cobra un 3% al anfitrión y entre un 6% y un 12% al huésped. A cambio, el arrendador se garantiza la tranquilidad de tener la casa asegurada contra robos, actos de vandalismo o daños.

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Los que no recibirán compensación alguna por las potenciales molestias son los vecinos del inmueble. Rodrigo lamenta que los huéspedes que se alojan en el dúplex hacen uso de la piscina alegando ser “amigos” de la dueña. Aparentemente, esa es la consigna que la propietaria transmite a todos ellos. El uso de los espacios comunes es, sin embargo, el menor de los perjuicios a los que se enfrentan. Otros vecinos consultados denuncian ruidos, llamadas por el telefonillo de madrugada y hasta despedidas de soltero en uno de los pisos de su bloque. La comunidad de vecinos ya se ha quejado a los propietarios del inmueble, pero afirma no disponer de “ninguna medida de presión efectiva” para revertir la situación.

El crecimiento exponencial de este tipo de alojamiento y las protestas del gremio hostelero, principal perjudicado, hicieron saltar las alarmas de la Administración el pasado junio y lograron que se cambiara la Ley de Arrendamientos Urbanos (LAU) —de índole estatal—. Ésta dejó de amparar las viviendas de uso turístico bajo el epígrafe de “alquiler por temporada” y transfirió a las comunidades autónomas la capacidad legal para regular el sector. El mes pasado, la Comunidad de Madrid prometió a los hosteleros un marco legal “para antes de final de año”, en aras de evitar la competencia desleal que denuncia el sector. De momento, los agentes consultados desconocen el contenido de esa nueva ley y la Consejería de Empleo, Turismo y Cultura afirma que “están trabajando en ello” sin aportar más detalles sobre el futuro texto.

Las opiniones sobre esta práctica alegal se dividen entre los que piden un marco legal estricto, como el presidente de la Asociación de Empresarios del Hospedaje de Madrid, Jesús Martín, y los que creen que es absurdo poner puertas al campo y señalan que la clave reside en adecuar las normas a una realidad que ha venido para quedarse. En este segundo grupo se encuentran Paco Nadal y Joantxo Llantada. El primero, periodista y escritor de viajes y usuario confeso de este servicio de alquiler entre particulares, esgrime que Internet lo ha cambiado todo y “ahora le toca el turno a la industria hotelera”. Nadal pone el foco sobre los empresarios del sector, “que son los que deben adaptarse al nuevo paradigma” ofreciendo sus servicios en las mismas plataformas que los dueños de estos apartamentos en alquiler. “No sirve aferrarse a las viejas normas: es un vendaval que llega y lo cambia todo”, concluye.

Llantada, analista de tendencias en mercados y experto en márketing turístico ve este fenómeno —“estrechamente ligado a la irrupción de las aerolíneas low cost y las nuevas tecnologías”— como algo, por el momento, minoritario pero que ha dado lugar a un cambio de modelo en el sector hotelero. “Los hosteleros deben elegir entre adaptarse a esta nueva realidad o cerrar”, asevera en referencia a este cambio que, según él, forma parte de la evolución normal del mercado. Para Llantada, la única novedad es que este tipo de alquileres haya llegado a las grandes capitales, como Madrid. “En pequeños pueblos de Pirineos y en la costa toda la vida ha habido familias que conseguían ingresos extras alquilando habitaciones de su casa de pueblo y nunca nadie se quejó”, argumenta.

En Nueva York, el lobby de los hosteleros lleva años poniendo el grito en el cielo contra estos alquileres y ha logrado que el Ayuntamiento de la ciudad prohíba este tipo de prácticas si no cuentan con los pertinentes permisos o si su dueño no declara el ingreso. En caso de incumplimiento, las multas llegan hasta los 30.000 euros. En el lado contrario, el ministerio de la vivienda danés y las alcaldías de Hamburgo y Ámsterdam han refrendado la “completa legalidad” de este tipo de alquileres. Ahora, Madrid debe decidir entre seguir los pasos de Nueva York, inclinarse por el modelo centroeuropeo u optar por una fórmula de regulación que garantice los derechos de los vecinos, evite la competencia desleal y logre un correcto tratamiento fiscal de esta rama de consumo colaborativo.

Los hosteleros, en pie de guerra

I. Fariza

El presidente de la patronal madrileña de los hostales (Aehcam), Jesús Martín, no se anda con ambages y tilda esta práctica de “ilegal”. “Se debe legislar inmediatamente. Su existencia implica que hay cerca de 12.000 plazas (más de un 15% del total de plazas hoteleras) situadas en apartamentos compitendo de manera desleal con hostales y hoteles, anunciándose en las mismas web, lo que otorga una imagen de falsa legalidad”, sostiene. Según sus datos, en el momento en que el lector recorre estas líneas, más de 10.000 personas están alojadas en Madrid uno de estos pisos “sin ningún tipo de control”.

"No queremos que cierren este tipo de apartamentos, solo pedimos competir en igualdad de condiciones con aquellos que alquilan sus pisos: mientras nosotros estamos sujetos a una normativa de seguridad, limpieza, desratización etc., ellos no están obligados a cumplir nada", señala. Martín también incide en el agujero de seguridad que han creado estos alquileres y asegura que la Jefatura Superior de Policía de Madrid ha elaborado un informe que desagrega los riesgos aparejados. "Eso, por no hablar del flanco fiscal".

Desde el punto de vista impositivo, este tipo de alquileres son completamente legales siempre y cuando el arrendador declare los ingresos. Sin embargo, la mayor parte de los propietarios no lo hace. Un informe elaborado en 2010 por el sindicado de técnicos de Hacienda (Gestha), cifraba el fraude fiscal de los alquileres en casi 3.000 millones de euros en el conjunto de España. Sin embargo, Gestha señala que estos datos “son generales y no permiten saber la porción del fraude que tiene que ver con los alojamientos turísticos”. Tampoco hay posibilidad de conocer el detalle del fraude fiscal que tiene origen en inmuebles alquilados en Madrid.

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