La campaña se compone de tres elementos informativos. Por un lado, la Secretaria de Estado de Telecomunicaciones ha abierto un sitio web (http://www.lssi.es) en colaboración con el ente público Red.es para "dar a conocer los criterios de aplicación de la ley y recibir las dudas, inquietudes y problemas prácticos de los ciudadanos", explicó López Blanco.

Los internautas encontrarán en este web la normativa relacionada con la LSSICE, las respuestas a las preguntas más frecuentes sobre este texto legal y un sistema para hacer llegar sus consultas al ministerio.

Además, Ciencia y Tecnología ha habilitado un servicio de atención telefónica donde se pueden plantear preguntas sobre la ley (902 446 006) y ha editado un prospecto informativo que se distribuirá en las delegaciones del ministerio, así como en las de Economía, Justicia y Sanidad y Consumo.

Aplicación flexible

López Blanco justificó esta campaña en el hecho de que ley se encuentre "en los albores de su desarrollo" y aseguró que el texto legal se afrontará "con flexibilidad, tanto en su aplicación como en su desarrollo reglamentario".

Por su parte, González-Echenique apuntó los siguientes pasos de este desarrollo reglamentario, que se refieren a la retención de datos de tráfico de los internautas por parte de los proveedores de Internet (acción coordinada con Interior y Europol), las condiciones de contratación electrónica y la homologación de los códigos internos de conducta.

Mes y medio después de la entrada en vigor de la LSSICE, Leopoldo González-Echenique explicó que el ministerio ha recibido "cientos de preguntas" sobre la aplicación de la ley, por lo que se han "sobredotado los medios" de la Oficina de Atención al Ciudadano para hacer frente a esta campaña.

Según el director general de la Sociedad de la Información, el control del cumplimiento de la LSSICE corresponderá a cada una de las delegaciones provinciales de la Inspección de Telecomunicaciones, aunque esta labor será coordinada desde Ciencia y Tecnología.

Preguntado por la posibilidad de que la directiva europea 2002/58/CE sobre la privacidad y las comunicaciones electrónicas, más permisiva con las empresas que envían publicidad a sus clientes por correo electrónico, obligue a modificar el articulado de la LSSICE, González-Echenique se mostró confiado en que una interpretación flexible de la ley hará innecesaria esta modificación.