El rechazo iría contra el propósito de la UE de incrementar la competitividad económica del bloque, según Almunia. Mientras, el pleno del Parlamento Europeo protagonizó hoy un vivo debate sobre la conveniencia o no de patentar las invenciones aplicables a programas informáticos y el hemiciclo sigue dividido entre partidarios y detractores de una normativa que quiere aportar "claridad, seguridad jurídica y un enfoque común europeo".

La actual propuesta se refiere a los inventos aplicables a programas de ordenador, es decir que tengan un uso industrial, pero en muchos grupos políticos y sectores sociales se tiene la sospecha de que aprobar el texto tal y como está abriría una puerta trasera para justificar la patentabilidad de los programas de software, una práctica habitual en Estados Unidos.

Ahora, la actuación europea se basa en el Convenio Europeo de Patentes y en las prácticas de la Oficina Europea de Patentes con sede en Munich, institución a la que algunos parlamentarios ver ligeramente escorada hacia las tesis norteamericanas.

Votación abierta

La Directiva enfrenta a los grandes grupos informáticos, que aplaudirían la posibilidad de patentar el software, con pymes, usuarios y partidarios del llamado 'software libre', que hoy querían hacer llegar su voz a los eurodiputados manifestándose ante las puertas de la Eurocámara poco antes de que se iniciara el debate.

Dentro, la correlación de fuerzas indicaba que la izquierda del hemiciclo apoyaría las enmiendas introducidas al texto por el socialista Michel Rocard mientras el PPE, grupo mayoritario de la Eurocámara permanecía dividido, al igual que el Grupo de los liberales, el tercero en número de asientos. Por países, los nórdicos muestran más apego a las tesis de la patentibilidad que los del sur.

Con este escenario todos dan por hecho que la votación de mañana está muy abierta y que cualquiera que sea el resultado se logrará de manera muy ajustada. En todo caso, los pronósticos dan mayores posibilidades al rechazo de la iniciativa, con lo que se abriría un proceso de conciliación con la Comisión Europea.