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'Todos contra el canon' pide al Defensor de Pueblo que lleve la LPI al Constitucional

La plataforma que agrupa a ciudadanos, empresas y asociaciones señala que la nueva Ley de Propiedad Intelectual provocará "un auténtico desequilibrio económico" y frenará el desarrollo

Todoscontraelcanon.es, plataforma que agrupa a ciudadanos, asociaciones profesionales y empresariales, ha presentado esta mañana ante el Defensor del Pueblo un recurso contra el nuevo artículo 25 de la Ley de Propiedad Intelectual (LPI) que esperan llegue hasta el Tribunal Constitucional. El recurso pide la anulación del precepto que impone una tasa sobre los soportes digitales para compensar a los autores, al considerarlo "desproporcionado, irracional y abusivo".

El recurso de inconstitucionalidad ha sido presentado esta mañana en una rueda de prensa en la que los juristas de Todoscontraelcanon.es han señalado que lo que debe perseguirse es "un justo equilibrio entre los derechos e intereses de las distintas categorías de titulares y los de los usuarios de las obras y prestaciones protegidas", pero señalan que el sistema previsto en la nueva LPI es "desproporcionado, irracional y abusivo", y que provoca "un auténtico desequilibrio económico general y va a suponer un freno a la Sociedad de la Información en España".

El recurso se apoya en varios artículos de la constitución para reclamar la retirada del artículo 25 de LPI, haciendo alusión a que los poderes públicos deben garantizar la defensa de los consumidores o la proporcionalidad de las restricciones al libre mercado. También resaltan las dificultades existentes para que los consumidores que por ley no deben pagar canon -aquellos casos en los que el destino final de un dispositivo no sea la reproducción de obras protegidas- no hagan ese desembolso.

Ofelia Tejerina letrada de la Asociación de Internautas ha señalado que los impulsores del recurso confían en que el Defensor de Pueblo lo remita al Tribunal Constitucional "para tratar de conciliar intereses y acabar con el lucro privado de unos pocos sobre el trabajo y derechos de todos los que componemos la Sociedad de la Información". También afirma que "el texto de la nueva LPI adolece de una abrumadora indeterminación, incongruencia y vaguedad, que olvida a los consumidores y su derecho al uso privado o profesional de la tecnología".