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La nueva regulación sobre el canon estará lista en dos semanas

Fuentes del Ejecutivo señalan que la normativa -que decidirá qué soportes deberán pagar esta tasa compensatoria- se aprobará dentro de plazo, mientras entidades de gestión y fabricantes siguen presionando con comunicados e informes

ELPAIS.com Madrid 27 FEB 2007 - 18:45 CET

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La reforma de la Ley de Propiedad Intelectual llevada a cabo en verano de 2006 contemplaba la extensión a otros soportes del canon digital, que actualmente añade un coste al precio de CDs y DVDs. La norma daba un plazo para que fabricantes de tecnologías de grabación y sociedades de derechos de autor se pusieran de acuerdo sobre los dispositivos a las que se impondría la tasa, y cuál sería la cuantía de ésta. Concluido sin acuerdo ese plazo a principios de 2007, la decisión quedó en manos del Ejecutivo, que debe decidir antes de finales de marzo. Fuentes cercanas a la negociación que llevan a cabo los ministerios de Cultura e Industria para elaborar una lista de aparatos afectados por el canon, y establecer el coste que esta tasa tendrá para cada uno de ellos, señalan que la medida se adoptará en las próximas dos semanas.

La Asociación de Empresas de Electrónica, Tecnologías de la Información y Telecomunicaciones (AETIC) afirmaba recientemente que, si se establece un canon como el que piden las sociedades de gestión de los derechos de autor, los dispositivos electrónicos y soportes de grabación afectados podrían aumetar su precio entre uyn 15% y un 35%, siendo la media de incremento del 25%.

La respuesta ha llegado hoy de la mano de dos entidades de gestión, Artistas Intérpretes Sociedad de Gestión (AISGE) -que maneja los derechos de propiedad intelectual de más de 5.300 actores, bailarines, dobladores y directores de escena- y la Entidad de Gestión de Derechos de los Productores Audiovisuales (EGEDA). Ambas afirman que con sus afirmaciones “AETIC quiere crear un falso clima de alarma social” y “provocar el descrédito público de las entidades de gestión”, utilizando para ello “argumentos falaces”.

AISGE y EGEDA aseguran que la industria tecnológica intenta ocultar que “en 2006 se grabaron en los hogares españoles 525 millones de horas en CD y 375 millones en DVD de repertorio protegido”. “En manos de Gobierno están ya los estudios presentados por las entidades y por la propia patronal tecnológica que demuestran que el uso mayoritario de los equipos y soportes digitales es la grabación y reproducción de contenidos protegidos”, afirman en un comunicado.

En la discusión sobre el uso que los consumidores hacen de los soportes de grabación ha intervenido también hoy la Asociación Multisectorial de Empresas Españolas de Electrónica y Comunicaciones (ASIMELEC), que en otra nota remitida a los medios adelanta algunos datos de una encuesta encargada a SIGMADOS sobre este asunto.

Basándose en este estudio, ASIMELEC afirma que sólo el 15% de los usuarios de teléfonos móviles con reproductor multimedia copia en estos dispositivos contenidos protegidos por los derechos de autor procedentes de CDs legales. Esta asociación calcula que si el canon se aplicase a los teléfonos móviles daría lugar a un coste de entre 9 y 12 millones de euros para los usuarios, algo que considera injusto dado el uso que los consumidores hacen de estos dispositivos. El estudio de ASIMELEC señala también que las tarjetas de memoria SD y Mini SD, utilizadas por aparatos tan diversos como las cámaras digitales o los móviles, también podrían quedar sujetas al canon pese a que sólo el dos por ciento de los usuarios las destina a grabar música.

AETIC coincide en ese planteamiento en un comunicado hecho público a última hora de la tarde de hoy, en el que señala que si se tuviera el cuenta el uso real que se hace de los equipos digitales "el impacto por la copia privada sería de 11 millones de euros, dado que el porcentaje de las prestaciones del equipo que se emplea para copiar es, en realidad, mínimo". En lugar de eso, afirma esta asocación, las sociedades de gestión quieren imponer un "ultra canon" que según asegura le reportaría a estas entidades 2.000 millones de euros.

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