La norma afecta también a la cesión de datos de las comunicaciones electrónicas a las Fuerzas de Seguridad, ya que establece la obligación para los operadores de estos servicios de conservar todos los datos que permitan rastrear el destino y el origen de una comunicación, así como la identidad de todas las personas implicadas en ellas. Esa exigencia no afectará nunca al contenido de la comunicación y requerirá siempre una autorización judicial.

El Gobierno considera que con estas medidas se refuerzan considerablemente los instrumentos disponibles para el ejercicio de las funciones de seguridad pública de los cuerpos policiales competentes, que podrán acceder a unos datos que en la actualidad no siempre están disponibles, lo cual dificulta la averiguación de los delitos.

Según la vicepresidenta primera del Gobierno, María Teresa Fernández de la Vega, es esencial que la Policía, y de forma especial la Policía Judicial y el Centro Nacional de Inteligencia (CNI), tengan acceso a la información que circula por Internet o por las líneas telefónicas, fijas o móviles, dado que "las redes de delincuencia organizada suelen reclutar especialistas de nivel en el manejo de estos medios electrónicos".

La vicepresidenta añadió que el Gobierno "es consciente de que la seguridad pública debe mantenerse sin merma o limitación del derecho a la intimidad y a la privacidad", y por ello el Proyecto de Ley incluye herramientas para garantizar el uso legítimo de los datos.

La medida podría costar 20.000 millones a las operadoras

Según ha comunicado el Gobierno, las operadoras de telecomunicaciones “han de realizar las adaptaciones precisas para el cumplimiento de sus obligaciones de conservación y cesión de datos, en un plazo de tres meses, desde que se apruebe el procedimiento técnico para la remisión de datos”.

Cuando el anteproyecto de ley sobre esta materia se dio a conocer, en septiembre del año pasado, las compañías telefónicas afirmaron que no hay complicaciones técnicas para cumplir con la ley, pero advirtieron que deberán gastar unos veinte millones de euros más para llevar a efecto lo que establece la normativa.

La norma, aprobada a propuesta de los Ministerios de Justicia, Interior, Industria, Turismo y Comercio y Defensa, ha sido sometida a informe de la Agencia Española de Protección de Datos, del Consejo General del Poder Judicial y del Consejo de Estado.