"Los contenidos de titularidad pública podrán ser reutilizados públicamente para copia, estudio o distribución de forma libre. Se trata de un paso fundamental hacia una sociedad con acceso libre al conocimiento para todas las personas", declaró la diputada del PSOE Lourdes Muñoz.

Aunque la ley no establece una fecha para que los contenidos de la Administración estén disponibles para todos los ciudadanos, desde el Grupo Socialista esperan que en los próximos años "se vaya digitalizando todo lo esencial para que esté disponible". "De esta forma, todos los archivos de la Biblioteca Nacional o los mapas oceanográficos, por poner un par de ejemplos, estarán al alcance de todos los ciudadanos", explicó Muñoz.

Orden judicial

La ley también establece que ninguna página web se pueda cerrar sin intervención judicial cuando se trate de derechos fundamentales de libertad de expresión, información o cátedra. No obstante, otras autoridades competentes podrán intervenir páginas webs para garantizar derechos en ámbitos como la seguridad, la salud, el consumo o la protección de la infancia.

Por su parte, el diputado de CiU Jordi Vilajoana subrayó que la nueva normativa establece el servicio universal de banda ancha en Internet para 2008, lo que, a su juicio, "ayudará a romper la brecha digital en España".