Italia pone niñeras a sus 'bloggers'
Los 'bloggers' italianos pueden verse afectados por una ley que pretende regular los contenidos publicados, mientras en España el cierre del blog del fundador de menéame aviva la polémica
Los blogs empiezan a tener tanta fuerza como un medio de comunicación. Al menos eso es lo que se desprende de la información que recoge hoy el diario La Repubblica. El Gobierno italiano está preparando un proyecto de Ley que obligaría a los bloggers a depender de un periodista acreditado como "editor responsable".
Este mecanismo de supervisión y control que prepara el Gobierno de Prodi obligaría a los dueños de los blogs a pagar impuestos, aunque no generen beneficios e incluso se podrían enfrentar a penas de cárcel en caso de que lo publicado sea calificado como contenido difamatorio, según recoge la legislación italiana.
El borrador está listo y escrito por Ricardo Franco Levi, subsecretario del presidente Prodi. Tras su aprobación por el Consejo de Ministro el pasado 12 de octubre sólo queda que el Parlamento lo ratifique. Levi advierte: "no será el Gobierno italiano el que cierre un blog. No es un simple asunto de de distinguir entre sitios públicos o privados. Será la Autoridad de Comunicaciones la que indique a través de regulaciones qué personas y qué empresas tienen que registrarse".
Desde la blogosfera italiana ya ha habido posicionamiento, uno de los ilustres del país transalpino como Beppe Grillo quien recoge en una de sus entradas de hoy sus intenciones: "No cerraré y si me obligan a hacerlo, llevaré el contenido al servidor de un país democrático".
La comedia romana que vive Italia también parece tener secuelas a la española. Hoy la sombra de la censura se asoma al blog de Ricardo Galli, fundador de menéame. Galli explica en su post de hoy el cierre del blog que tenía alojado en la Universidad de las Islas Baleares (UIB) a raíz de un artículo publicado allí.
En dicho texto Galli criticaba al Observatorio de Internet algo que no sentó muy bien dentro de la organización. La reacción fue una petición del director del Observatorio pidiendo la retirada del post de la polémica e incluso comunicó a la Universidad que podrían iniciar acciones legales contra el propio centro educativo por ser responsable subsidiario, al estar alojado bajo el dominio uib.es. De momento, Galli no ha querido poner en peligro la posición de la universidad, pero advierte de forma pormenorizada que esta práctica no es constitucional al verse amparado por dos derechos fundamentales como la libertad de expresión y la libertad de cátedra.
