Cuando parecía que la suerte estaba echada, el Parlamento Europeo ha sorprendido a todos rechazando el paquete legislativo conocido como paquete telecom y que pretendía normalizar las distintas normas y leyes que cada país de la UE tiene en relación a las telecomunicaciones e Internet.

La sorpresa ha sido mayúscula pues el texto había sido acordado con la presidencia de turno de la UE. Desde hace semanas, decenas de asociaciones de internautas de toda Europa han emprendido una grana movilización con el objetivo de convencer a los europarlamentarios de que rechazaran un texto que, entre otras cosas, ponía en peligro la neutralidad de Internet así como la inviolabilidad de las telecomunicaciones.

El Parlamento no ha rechazado todo el paquete legislativo, sino sólo una de sus partes, Sin embargo, el proceso legislativo exige aceptar el grueso de la propuesta. En caso contrario se devolverá el texto para que sea revisado de nuevo.

Las principales críticas contra el paquete telecom son dos. Por un lado, según los contrarios a la reforma, esta pone en peligro la neutralidad de la Red, es decir, que ninguna página o servicio de Internet tenga privilegios frente a otras, sea más o menos grandes o pertenezcan a las mismas empresas o grupos que los propios proveedores de acceso. Hasta ahora, las ISP no tienen potestad para discriminar el tráfico.

Por otro lado, el paquete telecom no recogía la necesidad de que una autoridad judicial fuera la única competente para decretar la desconexión de Internet de los usuarios, lo que abría el camino a leyes contra la piratería y que, como la que se está tramitando en Francia, dejan en manos de una entidad no judicial y de nueva creación decidir a quiénes y bajo qué circunstancias se desconecta de Internet en función del uso que haga de Internet, en particular descargarse o compartir contenidos.

Este ha sido, precisamente, el detonante del rechazo. Por 407 votos a favor, 57 en contra y 171 abstenciones, el Parlamento ha aprobado una enmienda alternativa que, esta vez sí, exige una orden judicial para restringir o cortar el acceso a Internet a un usuario.