El nuevo ministro de Justicia, Michèle Alliot-Marie, presentó este miércoles al Consejo de Ministros un proyecto de ley sobre la protección penal de la propiedad literaria y artística en Internet, con el fin de enmendar la llamada ley Hadopi de persecución de las descargas por Internet, cuyos principales artículos fueron tumbados por el Consejo Constitucional el pasado 10 de junio.

Este proyecto de ley autoriza a la Alta Autoridad para la difusión de las obras y la protección de los derechos en Internet (Hadopi) para registrar las violaciones de de derechos de autor que realicen los internautas y recabar las opiniones de los interesados. No obstante, para cumplir con lo dicho por el Consejo Constitucional, deja en manos de los tribunales la imposición de sanciones contra los autores de las descargas de archivos protegidos.

Pero para que no se demoren los procesos, crea un procedimiento especial, regido por ordenanzas, que sea tramitado por un juez, y que sigue contemplando la reconexión. El proyecto de ley permite "extraer todas las consecuencias de la decisión del Consejo Constitucional, completando la acción preventiva del Hadopi por con procedimiento penal de disuasión adecuado", dice el comunicado del Gobierno.

La nota oficial del Gobierno es muy ambigüa. Otros medios como el dario La Tribune señala que el Gobierno prevé castigar la "piratería", con multas que irían desde los 1.500 euros a 3.000 euros para eludir precisamente la decisión del Consejo Constitucional. La solución de la multa, que debe ser pronunciada por un juez de acuerdo con La Tribune, tiene varias ventajas. Es más rápido el proceso de la justicia, no plantea ningún problema técnico y puede ser impuesta sin prueba formal de que el usuario ha sido el verdadero infractor, puesto que la sanción recae el titular de la línea.