RedSOStenible, una plataforma que agrupa a internautas y colectivos en contra del proyecto del Gobierno de crear una comisión administrativa que inste el cierre de sitios webs que puedan estar infringiendo derechos de autor, tras una autorización judicial sumarísima, ha remitido una carta a jueces y organizaciones de magistrados exponiendo las razones de su oposición al proyecto.

En la misma explican que "nos dirigimos a usted por cuanto consideramos que dicha iniciativa supone un atentado a la separación de poderes y las competencias que actualmente tiene constitucionalmente asumidas el Poder Judicial, cuyos integrantes suponen los más inmediatos garantes de nuestros derechos constitucionales. La razón fundamental de todo ello es que dicha Disposición Final Primera, con la excusa de la propiedad intelectual, atribuye a un órgano administrativo la facultad de interpretar las disposiciones de la Ley de Propiedad Intelectual, en cuanto a sus infracciones, al margen del criterio judicial y decretar la interrupción de servicios de la sociedad de la información, tales como el cierre de páginas web. Dicha previsión puede atentar a la facultad exclusiva de los jueces, reconocida en el art. 20.5 CE, de acordar el secuestro de cualquier medio de información"

Según Red SOStenible, "los conflictos en materia de propiedad intelectual, han de ser resueltos ante la Jurisdicción Civil/Mercantil o, en los casos graves, ante la Jurisdicción Penal, ya que ambas ofrecen mecanismos ágiles para defender los derechos de propiedad intelectual, pero no ante la Jurisdicción Contencioso-administrativa. El procedimiento sumarísimo de 4 días previsto en el anteproyecto no reúne las debidas garantías, al privarse al Poder Judicial de la posibilidad de sopesar adecuadamente, con rigor y con sosiego, si concurren los elementos necesarios para suspender cautelarmente un derecho fundamental como es la Libertad de Expresión."

Hoy el Consejo del Poder Judicial debe pronunciarse sobre el proyecto del Gobierno, aunque en un informe previo el mayor reparo que presentan es la duda sobre la capacidad de Audiencia Nacional para absorver este incremento de tareas. El citado informe no discute la legalidad del proceso. El martes, el ministro de Justicia español manifestó que la nueva ley se aplicará a las webs que "sistemáticamente" se dediquen a ofrecer descargas de archivos protegidos por copyright.