Viacom (conglomerado de medios como MTV o Paramount) y Google están inmersos en una batalla judicial desde 2007, cuando Viacom presentó una demanda contra YouTube por violar el copyright. El pleito entre YouTube, de Google, y Viacom ha hecho aflorar acusaciones mutuas de envergadura y ponen en evidencia la existencia de una guerra sucia, tal y como demuestran una serie de extensos documentos forenses (I, II y III). Google ha asegurado que Viacom intentó comprar el portal de vídeos en 2006 y que no le preocupó la supuesta infracción del copyright de una cantidad indeterminada de los vídeos que albergaba hasta que comprobó que su intento de compra fracasaba. Viacom, por su parte, afirma que Google toleró la existencia de vídeos que vulneraban los derechos de Viacom para forzar a esta compañía a pactar con YouTube un acuerdo de distribución. Viacom rechaza que pusiera ella misma contenidos atentatorios a los derechos de autor.

Según Google, durante las negociaciones de compra de YouTube por parte de Viacom, ésta permitió que ofreciera sus contenidos sin plantear problemas porque pensaba que de esta forma aumentaba el tráfico del sitio. Tras fracasar en la compra, Viacom lanzó una campaña de denuncia contra YouTube por albergar estos contenidos con la intención de crear una mala imagen del sitio que debilitara su atractivo. Google asegura que retira sistemáticamente los vídeos de YouTube que son denunciados y que Viacom sólo planteó el litigio cuando vió que su maniobra para perjudicar a YouTube no tenía resultado.

Las acusaciones no terminan ahí. Google asegura que Viacom contrató a agencias para que, con el empleo de falsas identidades, colgaran en el sitio vídeos de su propiedad para reforzar el argumento de que YouTube era un nido de archivos ilegales. Viacom, por su parte, explica se negoció con Google un pacto que suponía que Google pagaría 590 millones de dólares y colocaría marcas de agua en sus vídeos para identificar su licitud, propuesta que apoyaba la industria de Hollywood, pero al final no prosperó. A partir de entonces, Google apoyó una política salvaje de no colaboración en YouTube que obligaba a las compañías de contenidos a contratar servicios para detectar el albergue de archivos propios en el citado portal, según Viacom.