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Google violó datos privados de los australianos con Street View

La responsable australiana de protección de datos admite que no puede castigar a la compañía

Google ha sido declarada culpable en Australia de haber obtenido ilegalmente datos privados de ciudadanos al fotografiar calles y viviendas para Street View. Sin embargo, la comisaria australiana de Privacidad, Karen Curtis, admite que su organismo no puede imponer sanciones aunque aceptará las disculpas de la empresa estadounidense.

El buscador cometió un delito al tomar esa información de las redes inalámbricas domésticas sin consultar previamente con sus titulares. Curtis ha pedido a Google que haga un asesoramiento sobre impacto de privacidad en cada actividad de recogida de datos desde la calle y que entregue una copia a su oficina, mientras la compañía anunció que colaborará con las autoridades locales.

La toma ilegal de datos fue limitada porque la cámara montada sobre un coche sólo es capaz de detectar a aquellos usuarios que estaban conectados a la red cuando el automóvil pasó por delante de sus casas, aunque también falló el sistema que iba a descartar la información de quienes no tenían protegida su conexión.

Google ha sido denunciada por violación de datos privados en 30 países, entre ellos Estados Unidos, donde la empresa se enfrenta a una acusación popular.

En España, siguiendo las indicaciones de la Fiscalía General del Estado , el Ministerio Público de Guipúzcoa será el encargado de investigar enEspaña si Google incurrió en un delito al sustraer todo tipo de datos,incluidos algunos sensibles como correos electrónicos y contraseñas, de redes wifi abiertas.Los hechos, reconocidos por la empresa, ocurrieron mientras el gigantede Internet captaba las imágenes que sustentan su servicio Street View,que permite visitar virtualmente las calles de cientos de ciudades entodo el mundo.En paralelo, al menos una decena de paísesinvestigan los hechos, que podrían acarrear una cascada de multas porvulnerar el derecho a la intimidad -en el caso español puede subirhasta los 600.000 euros- y más frentes judiciales abiertos