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Compositores y cantantes británicos piden un impuesto para los proveedores de Internet

La Performing Right Society pide la medida para frenar la piratería en la Red

Un grupo de compositores y cantantes británicos pedirá hoy la introducción de un impuesto para los proveedores británicos de banda ancha en función de la cantidad de música pirateada que permiten descargar a través de sus servidores, según adelanta el diario Financial Times. Will Page, portavoz de la Performing Right Society (PRS), la asociación que aglutina a compositores, músicos y cantantes británicos, asistirá hoy a una conferencia en la que argumentará que este impuesto es la "mejor manera" de alinear los intereses financieros de los proveedores de internet con los derechos de autor.

Artistas como Lilly Allen han criticado en numerosas ocasiones los sitios como Pirate Bay, que permiten la descarga gratuita de canciones.

La industria musical, que responsabiliza a la piratería de pérdidas millonarias por la bajada de las ventas, está presionando al Gobierno británico para que se tome más en serio la protección de los derechos de autor. Gracias a sus presiones, el pasado abril consiguieron que se aprobara en la Cámara de los Comunes la Ley de Economía Digital, que entraría en vigor a partir de 2011.

En la otra cara de este debate, BT y TalkTalk, los mayores proveedores de internet del Reino Unido, cuestionaron la pasada semana la legalidad de esta ley y la han recurrido en el Tribunal Superior.

Esta normativa incluye medidas como la suspensión del acceso a la red a aquellos internautas que reincidan en la descarga ilegal de archivos y el bloqueo de las páginas de intercambio de archivos.

Para el portavoz de la PRS, la ley establece que existe un problema que hay que "calibrar" ya que es la única forma de que se compense a los afectados por la piratería en la red.

El regulador británico de las telecomunicaciones, Ofcom, sería el encargado de controlar los niveles de piratería, para lo que PRS propone la utilización de una huella digital, que identificaría el tráfico ilegal de descargas en las páginas de intercambio de archivos en cada uno de los proveedores de internet.

La carga impositiva propuesta por PRS, que iría a parar a las arcas del estado o directamente a los poseedores de derechos de autor, variaría en función de los niveles de descargas ilegales.

"El objetivo es acabar con el problema, llegar a un punto en el que no tenga que haber compensaciones económicas porque no habrá piratería", subrayó Page. Sin embargo, parece poco probable que la idea del PRS sea bien recibida entre los proveedores de internet, que ya han dicho en varias ocasiones que ellos no tienen porque cargar con la responsabilidad del "mal comportaiento" de sus clientes