El Consejo de Estado francés deberá decidir la próxima semana sobre la legalidad de los últimos decretos que desarrollan la ley Hadopi (que permite cortar el acceso a Internet a quien realice descargas de archivos protegidos). La intervención del Consejo de Estado se produce tras un procedimiento abierto por un proveedor de acceso a la Red, FDN. En concreto, FDN alega que la norma que impone su obligación de identificar las direcciones IP (de Internet) que realizan descargas no ha sido consultada a la Arcep (el regulador de las telecomunicaciones francesas) y también critica la norma que castiga la negligencia del titular de la conexión que no impida que terceros la empleen para hacer descargas. FDN sostiene que este trámite, que concluye en la vía penal, supone una inversión de la prueba y que las autoridades no han publicado los programas que deberían instalarse para garantizar el bloqueo y demostrar que no existe negligencia.

La ley Hadopi establece que, una vez identificado quien realiza descargas de archivos protegidos, se remitirán al internauta tres avisos. Si no altera su conducta, se le cortará el acceso a Internet. El principal problema a que se enfrentan, como empresa, los proveedores de acceso a Internet es el coste del rastreo que les impone la ley. El ministerio de Cultura sostiene que este coste sería cero si sus clientes no emplearan Internet para la descarga de archivos protegidos y sugiere una interconexión automatizada con los gestores de Hadopi para reducir el coste de identificación de las citadas direcciones. El departamento de Justicia destaca que los principales proveedores de acceso no han planteado ninguna objeción a esta obligación.