El Consejo de Estado francés ha avalado hoy la ley antidescargas (Hadopi) y rechazado un recurso de un proveedor de acceso, FDN. Éste argumentaba que los decretos que desarrollan la ley no habían sido consultados al organismo regulador de las telecomunicaciones. El argumento de fondo, sin embargo, era que la ley no ha previsto cómo recompensar el incremento de gastos que va a suponer a las empresas que suministran acceso a Internet el rastreo de las direcciones IP sospechosas de realizar descargas no autorizadas.

Ante la inminente puesta en marcha de la ley y el envío de las primeras cartas de advertencia a internautas infractores, han surgido proyectos en la Red de defensa de éstos. Hoy mismo debuta SOS-Hadopi, un sitio que ofrece asistencia jurídica tanto a empresas como a particulares. Al margen de un espacio abierto de información, el sitio ofrece una suscripción de 18 euros anuales para recibir consejos durante la fase de avisos y la búsqueda de abogado en el caso de que el internauta sea convocado ante un tribunal. Dado que la ley también puede sancionar al internauta "negligente" que no proteja su acceso a Internet del uso de terceros, el sitio ofrecerá a sus clientes recomendaciones sobre programas para impedir estos accesos y poder probar la buena fe del internauta ante las autoridades.