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Fiscalía Anticorrupción investiga a la SGAE

Indaga unas denuncias de 2007 por supuesto desvío de fondos.- La entidad asegura que no tiene constancia de ninguna actuación judicial

La Fiscalía Anticorrupción ha presentado en la Audiencia Nacional una denuncia dirigida contra la Sociedad General de Autores y Editores (SGAE) por un supuesto desvío de fondos en sus actividades. El escrito del Ministerio Público, que fue presentado hace unas semanas ante el Decanato de la Audiencia Nacional, responde a unas diligencias previas abiertas por este departamento a raíz de una denuncia que presentaron en noviembre de 2007 la Asociación de Internautas, la Asociación de Usuarios de Internet, la Asociación Española de Pequeñas y Medianas Empresas de Informática y Nuevas Tecnologías (APEMIT) y la Asociación Española de Hosteleros Víctimas del Canon (VACHE). La denuncia se basaba en la aparición en varios medios de comunicación de varias "supuestas ilicitudes cometidas en la gestión económica de los recursos de la SGAE". Los internautas denunciaban que los directivos de la entidad habían formado una trama societaria de empresas filiales en torno a la Sociedad Digital de Autores y Editores (SDAE) en las que las cantidades recaudadas en concepto de gestión de derechos de autor se invertían en actividades lucrativas para las mismas.

Esta mañana, la SGAE ha emitido un comunicado en el que asegura que "ninguno de los juzgados de la Audiencia Nacional ha seguido actuación alguna ni frente a la SGAE ni frente a sus filiales, circunstancia que debe atribuirse ciertamente a la falta absoluta de consistencia de aquella denuncia de hace cuatro años, que algún medio de comunicación ha querido recuperar ahora con el único fin de desprestigiar a la Sociedad de Autores. La SGAE, cuya actuación se ajusta rigurosamente y en todo momento al cumplimiento de la legalidad vigente en materia de Propiedad Intelectual, quiere recordar asimismo que el Ministerio Fiscal, de acuerdo con sus estatutos orgánicos, dispone de un plazo de seis meses para examinar las denuncias que correspondan a su investigación, periodo de tiempo ampliamente superado en este caso. Ante esta campaña difamatoria, la SGAE realizará las acciones judiciales oportunas en defensa de su imagen, reclamando los oportunos daños y perjuicios".

Según estas asociaciones, la entidad denunciada incumplía, de esta forma, "el mandato legal que le exige que el reparto de los derechos recaudados se efectúe equitativamente entre los titulares de las obras o producciones utilizadas, pues supuestamente se estaría destinando dicha recaudación a mantener empresas privadas, que lo son de sus socios y que además envuelven un ánimo de lucro prohibido expresamente por ley". A su juicio, estas actividades podrían ser constitutivas de los delitos de apropiación indebida, estafa y fraude de subvenciones que serían achacables a los responsables de las empresas que habrían llevado a cabo la "malversaión" de sus recursos económicos y, de forma subsidiaria, al Ministerio de Cultura, como "principal fiscalizador de este tipo de asociaciones".

La denuncia de 2007 argumenta que sociedades como Microgénesis y Coqnet, ajenas en apariencia a la SGAE, han compartido sede social y directivos con la entidad de gestión. Tras la presentación de la denuncia en 2007, la SGAE recordó que la Asociación de Internautas fue condenada por difamación a la SGAE en sentencia de Juzgado de Primera Instancia número 42 de Madrid con fecha 15 de junio de 2005, imponiéndole una condena de 36.000 euros. En el comunicado de entonces, la SGAE denunció "la campaña de acoso que padece, estimulada por claros y espurios intereses con la intención de dañar su actividad de defensa de la remuneración de los autores, cuando está pendiente de resolverse la remuneración por copia privada en el ámbito digital mediante la oportuna disposición legislativa".

Víctor Domingo de la Asociación de Internautas ha comentado a este diario que no tienen información de la iniciativa de la fiscalía. "Presentamos la denuncia en 2007 y la reiteramos en 2009. La fiscalía nunca se ha puesto en contacto con nosotros". Según ABC, las diligencias han recaído en el Juzgado Central de Instrucción número 5 de la Audiencia Nacional. Las diligencias han sido declaradas secretas.

Miguel Pérez Subías, de la Asociación de Usuarios de Internet, ha comentado que la fiscalía tampoco se ha puesto en contacto con la entidad, pero tenían referencias de terceros de que las investigaciones se habían intensificado desde hace seis meses.