La empresa valenciana Nuevas Tecnologías y Energías Catalá, S.L. ha denunciado a Apple ante la Comisión Nacional de la Competencia por paralizarle en la Aduana de Valencia unas tabletas que la firma estadounidense considera una copia de su iPad. El demandante alega que la tableta que comercializa, de una compañía china, laN TK, es distinta ya que ni siquiera emplea el mismo software.

Según ha explicado a este diario el abogado Salvador Silvestre que ha presentado la denuncia, Apple acudió a la instancia penal el año pasado. "Nosotros nos hemos puesto en contacto con los abogados que suscriben la denuncia y nos han dicho que, a pesar de figurar como personados en el caso, ya no lo llevan".

En noviembre de 2010, Apple, "abusando de su posición de dominio", según se especifica en la denuncia, paralizó las tabletas de esta compañía en la Aduana "con una clara intención de cerrar el mercado e impedir la entrada a posibles competidores". Asimismo, interpuso una denuncia contra la empresa para "impedir" la comercialización de unas tabletas que, "por error", fueron confundidos en la Aduana como un iPad cuando su sistema operativo es el de Google, Android. Según Silvestre, Apple alega la semejanza de los iconos cuando los de Android son distintos a los empleados por el sistema operativo de Apple.

El letrado de Rocabert y Grau expone en su escrito de denuncia que Apple infringió los artículos 2 y 3 de la Ley 15/2007, de 3 de julio, de Defensa de la Competencia. Respecto al primero, mantiene que la conducta de la empresa americana, tendente a impedir la entrada de algún competidor en el mercado y limitativa de la libertad de los clientes finales, "forma parte de los denominados 'abusos innominados'".

Así, expone que Apple podía haber finalizado el procedimiento de aduanas manifestando que se trataba de un error. Su actuación, habida cuenta las fechas de lanzamiento del producto, "estaba predeterminada para evitar la entrada de competidores y excluirlos ejercitando sus derechos de forma abusiva y antisocial".

En cuanto al artículo 3 de la normativa, señala que el comportamiento de la compañía es "contrario" a las exigencias de la buena fe, dado que ejercita de forma abusiva sus derechos, "interponiendo denuncias sin fundamento con la finalidad de evitar que los competidores entren en el mercado".

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