Primero firman, luego se enteran. Ya le pasó a la embajadora de Eslovenia en Tokio que, tras firmar el ACTA, acuerdo internacional para luchar contra la falsificación de productos y la piratería en Internet, leyó el texto y se volvió una agitadora de la manifestaciones contra ACTA. Ahora la Comisión Europea ha anunciado que le pedirá al Tribunal de Justicia de la Unión Europea un veredicto sobre el acuerdo internacional, para garantizar que "la aplicación de ACTA es totalmente compatible con la libertad de expresión y con la libertad de Internet".

La información, difundida por la BBC, es un nuevo paso atrás de este acuerdo que en principio había sido firmado en enero por 22 países, entre ellos España, pero que desde entonces se han sucedido iniciativas en contra, especialmente desde países centroeuropeos. Bulgaria ya ha anunciado que no firmará y Polonia se lo están pensando, pues el texto debe ser ratificado en cada parlamento nacional.

La Comisión Europea ya había remitido ACTA a los Gobiernos de los países miembros para su ratificación y, también, al Parlamento Europeo, que debía empezar a debatirlo el próximo 1 de marzo, en un proceso que debía terminar en votación en junio. El Consejo Europeo ya lo había  aprobado por unanimidad en diciembre y autorizó a los Estados a firmarlo.

La propuesta de remitir el asunto a la máxima instancia judicial europea ha sido realizada por el comisario de comercio Karel de Gutch. En el comunicado, asegura: "Creo que la Comisión Europea tiene la responsabilidad de suministrar a los europarlamentarios y al público en general la información más detallada y precisa disponible".

En la opinión del propio comisario, favorable al tratado,  "ACTA es un acuerdo que pretende elevar el nivel global de la observancia de los derechos de propiedad intelectual, normas ya consagradas en el derecho europeo". Y añade: "ACTA no cambiará nada en la Unión Europea, pero será importante para la Unión Europea".

Ahora, pues, habrá que esperar a que se pronuncie el Tribunal de Justicia de la Unión Europea para ver la legalidad (o no) de un tratado cuyas negociaciones se han llevado con absoluto secretismo.