Los planes del gobierno británico que pretende obligar a los proveedores de servicio de Internet y las compañías telefónicas en general a almacenar todos los mails y llamadas de los residentes en el Reino Unido ha levantado una ola de duras críticas.

El objetivo de esta medida es poder perseguir de manera más eficaz el terrorismo y los crímenes graves, pero de momento, la noticia se considera un retroceso hacia una sociedad policial. "Vamos sonámbulos hacia la sociedad de la vigilancia", asegura Jonathan Bamford, el subcomisario de Información británico, según se puede leer en BBCNews.

La otra gran preocupación se centra en qué medidas pueden asegurar al 100% la seguridad de esa gran base de datos. El público británico ha perdido la confianza en la capacidad de sus instituciones para asegurar los datos personales de sus ciudadanos después de que el propio primer ministro pidiese disculpas tras la pérdida de dos discos que contenían la información de Hacienda de 25 millones de británicos.

"Desgraciadamente, el gobierno parece permanecer alerta ante todo, menos ante la seguridad", se queja Jamie Cowper, experto en la protección de datos de la empresa PGP.

Contra una base de datos centralizada

"La lucha contra el terrorismo no necesita una base de datos centralizada", opina Chris Mayers, jefe de Seguridad de Citrix Systems. "Una base de datos de este tipo tendrá que enfrentarse a amenazas internas y externas. Cuanta más gente tenga acceso a esos datos, más arriesgado será", añade.

La observación de este experto hace referencia a que la nueva regulación británica contempla que los datos sobre las comunicaciones de los residentes en el Reino Unido podrán ser consultados por cientos de agencias gubernamentales.

La Asociación de Proveedores de Internet está esperando que se le ofrezca una información ampliada sobre esta medida, mientras que la Asociación por la Privacidad Internacional considera que esta medida es un primer paso peligros hacia el "Gran Hermano".

"La idea de que los proveedores de acceso tienen que recopilar datos y enviarlos de manera masiva al gobierno central es, sin duda, ilegal", asegura Gus Hosein, responsable de dicha ONG.